Pide el titular de la ASF que se evite el uso ilícito del erario

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Juan Manuel Portal dijo que la falta de transparencia en las dependencias facilita el uso de los recursos para actos de corrupción

Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), manifestó que la falta de transparencia, omisiones, duplicidades, así como la falta de un registro único de padrones de programas sociales y sus beneficiarios, facilitan el uso de los recursos para cometer actos de corrupción.

“Los registros que utilizan las áreas ejecutoras de programas se encuentran dispersos y no existe ningún grado de integración entre los mismos. Hay que añadir que no existe ningún catálogo que incluya la totalidad de programas y políticas del país, lo cual es un factor que dificulta su correcta vigilancia.

“Es importante mencionar que con frecuencia, los gobiernos de las entidades federativas desarrollan proyectos sin un adecuado diagnóstico, los cuales en muchos casos son de aplicación temporal. Este tipo de programas constituye un área proclive a la corrupción, debido a la nula transparencia y rendición de cuentas sobre su destino”, manifestó.

Así mismo manifestó que la problemática del uso de programas sociales con fines electorales, se agrava cuando las autoridades locales aprovechan elementos como la duplicidad de planes, la poca claridad en los padrones y la falta de mecanismos de control de los beneficiarios, por lo que para frenar esa situación, lo recomendable es generar lineamientos únicos para dar seguimiento a los padrones de beneficiarios.

Informó que se ha propuesto utilizar datos como la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el Registro Federal de Contribuyente (RFC), como datos básicos para identificar a la población a la que se entregan beneficios sociales.

Dijo también que es necesario contar con un sistema nacional de padrones y eliminar la duplicidad de programas, pues solo una regulación y control adecuados cerrará la puerta al uso discrecional de los recursos públicos.

Por último comentó que es obligación de las autoridades reducir riesgos y evitar el uso ilícito del erario, lo que permitiría afianzar la democracia y aminorar el descrédito que los funcionarios públicos y los propios procesos electorales se han ganado.

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